elDiario.esTono positivoSesgo: IzquierdaEl Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal da cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea.
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«La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román.»
«En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue adoptada por esa misma sección pero conformada por hasta siete magistrados.»
«Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón.»